por ANGELA STUESSE – Universidad de Carolina del Norte
“La línea sigue andando”, le dijeron las trabajadoras negras del sur al historiador LaGuana Gray (2014) sobre los procesos de explotación de la industria avícola del siglo XX, una explotación que les rompió el cuerpo cuando el creciente apetito de los estadounidenses por el pollo llenó los bolsillos de los propietarios de plantas e inversores. Mi trabajo con trabajadores avícolas inmigrantes negros y latinx en el siglo XXI revela lo mismo: independientemente del origen racial, étnico, de género o de ciudadanía de las personas que matan y procesan la carne que comemos, esta industria ha mantenido sus líneas en funcionamiento a través de la historia sin importar el costo para quienes realizan el trabajo pesado (Stuesse 2016). El tiempo de la pandemia de Covid-19 no ha sido diferente.
Cuando la Food & Environment Reporting Network (FERN) y otros hicieron sonar la alarma por primera vez en la primavera de 2020 de que los trabajadores del procesamiento de carne estaban siendo infectados y asesinados por el nuevo coronavirus en tasas alarmantemente altas, el doble del promedio nacional en algunas comunidades rurales, la industria ya había comenzado conversaciones secretas con la administración Trump para garantizar la continuidad de la producción y las ganancias. En el lapso de unos pocos días, el líder de la industria Tyson Foods publicó un anuncio de página completa en varios periódicos nacionales advirtiendo sobre la escasez de suministro, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) emitieron una nueva guía para la industria, y el presidente Trump le dijo al gobernador de Florida, Ron DeSantis, que tenía la intención de firmar una orden ejecutiva para abordar los “problemas de responsabilidad” en el suministro de alimentos.
Invocando la Ley de Producción de Defensa de la era de la Guerra Fría y declarando que las plantas de procesamiento “promueven la defensa nacional” de los Estados Unidos, la orden obligó a (dio licencia a) los procesadores de carne y aves de corral a permanecer abiertos durante la pandemia. Al señalar los límites de los trabajadores para demandar a sus empleadores por discapacidad y muerte relacionadas con Covid, esta acción ejecutiva aseguró a los gigantes multinacionales de la industria cárnica y avícola que podrían seguir operando sus líneas de procesamiento.
Más de seis meses después, el costo humano de esta decisión es palpable. A mediados de noviembre, los reporteros de FERN habían confirmado brotes en 1211 plantas empacadoras de carne, aves de corral y procesamiento de alimentos, documentando al menos 73.619 trabajadores infectados y 336 muertes. Debido a que la industria tiene plantas ubicadas estratégicamente donde los trabajadores tienen pocas alternativas económicas, las comunidades negras, latinas, indígenas e inmigrantes en los estados rurales del sur, medio oeste y las llanuras han estado entre las más afectadas.
Pero mantener las líneas de procesamiento funcionando a expensas de los trabajadores es lo que siempre han hecho los gigantes avícolas y las empacadoras de carne. Es el modelo de negocio de una industria que determinó hace décadas que la integración vertical, la producción en masa y el control laboral son las claves para la ganancia de los accionistas (Striffler 2005; Stull, Broadway y Griffith 1995). Trabajando codo con codo en las líneas de procesamiento en temperaturas extremas a medida que las aves pasan a su lado, con escaso acceso a descansos para ir al baño o la protección de sus otros, que son los derechos más básicos, los trabajadores realizan el mismo movimiento de corte, tracción o empaque hasta 60.000 veces por turno. Y en el transcurso de casi veinte años estudiando sus prácticas laborales, he visto a procesadores de carne y aves de corral tratar a los trabajadores como prescindibles e infrahumanos una y otra vez.
Incluso los desastres nacionales rara vez detienen las líneas. El 11 de septiembre de 2001, cuando se derrumbaron las Torres Gemelas de la ciudad de Nueva York, el espacio aéreo de los EE.UU. se bloqueó y la nación se dio vuelta, las líneas en las plantas de pollo, carne de res y cerdo siguieron funcionando. Un trabajador de deshuesado en Mississippi, un inmigrante reciente de Argentina, ingresó a la sala de descanso esa mañana para encontrar grupos de supervisores apiñados alrededor de un televisor. “Había humo negro saliendo de un edificio, pero eso es todo lo que podía ver”, recordó. “Cuando terminó nuestro descanso, nos enviaron de regreso para seguir trabajando. Nadie explicó nada. No fue hasta que llegué a casa esa noche y pude ver las noticias [en español] que comencé a comprender la gravedad de lo que estaba sucediendo”.
Cuatro años después, cuando trabajaba con el Centro de Trabajadores Avícolas de Mississippi, el huracán Katrina azotó la costa del golfo de Mississippi. A medida que avanzaba hacia el norte, arrancó del suelo los gallineros industriales. En los días siguientes, cuando Nueva Orleans se inundó y murieron millones de pollos, se restableció la electricidad y los procesadores de pollo de Mississippi volvieron a trabajar. Aunque muchos trabajadores rurales se quedaron sin electricidad y era difícil conseguir gasolina para el viaje, a veces largo, al trabajo, las líneas de procesamiento continuaron a través del caos.
Luego, en 2019, la administración Trump realizó una redada de inmigración coordinada en plantas de pollos en todo Mississippi. En lo que se conoció como la redada de inmigración de un solo estado más grande del país, agentes federales detuvieron a casi 700 trabajadores y los niños se quedaron sin padres con quienes regresar a casa. Las vidas de los trabajadores, sus familias y comunidades rurales enteras se volvieron patas arriba, pero las líneas volvieron a funcionar en cuestión de horas. Antes de que terminara la semana, las plantas avícolas estaban reclutando y contratando nuevos trabajadores para reemplazar a los que habían perdido.
De hecho, mirando hacia atrás aún más, vemos que el reclutamiento agresivo de trabajadores inmigrantes latinoamericanos de Florida y Texas en la década de 1990 cumplió el mismo propósito. Este reclutamiento no fue simplemente para impulsar la expansión de las líneas de procesamiento en un momento en que el apetito de los estadounidenses por el pollo estaba creciendo; era una táctica que los ejecutivos de la planta usaban para desempoderar a los trabajadores negros que, cada vez más frustrados por los bajos salarios y el maltrato, habían comenzado a organizar sindicatos para luchar por mejores salarios y condiciones laborales. La nueva corriente de trabajadores inmigrantes aseguró que los trabajadores locales pobres lo pensaran dos veces antes de dejar un trabajo que tal vez no los estuviera esperando cuando regresaran.
Las personas en las líneas de procesamiento, independientemente de su raza, género, origen nacional o estado de ciudadanía, luchan con los efectos de ser estructuralmente prescindibles a diario. Sus empleadores, a través de asociaciones profesionales como el Instituto de la Carne de América del Norte y el Consejo Nacional del Pollo, presionan a los reguladores para que limiten las protecciones de salud y seguridad que afectan las ganancias. Y mientras que durante años el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos resistió las solicitudes de la industria de límites más altos en la velocidad de la línea de procesamiento, en agosto de 2020 la administración Trump propuso aumentar permanentemente la velocidad a 175 aves por minuto, frente a 140. Se identificaron a las velocidades de línea sobrehumanas como una de las principales causas de las altas tasas de lesiones en las plantas de procesamiento; el túnel carpiano, por ejemplo, tiene una frecuencia siete veces superior al promedio nacional.
Pero más allá de las tasas de lesiones y enfermedades ocupacionales prepandémicas cinco veces más altas que las de otros trabajadores en todo el país, esta industria también tiene una larga historia de obstruir el acceso de los trabajadores lesionados y enfermos a la atención médica y los beneficios de compensación, lo que a menudo van muy bien son las medidas para garantizar que los trabajadores reciban la menor cantidad posible de tratamiento médico y compensación por sus lesiones (Stuesse 2018). A través del Proyecto de Lesiones en el Lugar de Trabajo del Centro de Trabajadores Avícolas de Mississippi, regularmente fui testigo de los intentos de los trabajadores de reafirmar su humanidad cuando sus cuerpos les fallaban.
Adrián aterrizó sobre su coxis después de pisar un canal de drenaje al que le faltaba su rejilla protectora. El “doctor de la planta” le tomó radiografías, dijo que Adrián estaba bien y lo envió de regreso al trabajo. Después de un mes de dolor insoportable, y defendiéndose repetidamente sin respuesta de su empleador, fue a ver a un especialista. Usando las radiografías originales, se le diagnosticó múltiples fracturas de vértebras. Años después de someterse a una cirugía de columna, aún vivía con dolores constantes y no podía trabajar.
Cuando la mano de Salvador fue destrozada en la máquina flejadora de cordón de poliéster que operó para empaquetar cajas de pollo procesado, el médico preferido de la planta colocó sus huesos incorrectamente. Un mes después, un cirujano de la mano volvió a romperle los huesos y se sometió a múltiples cirugías para reparar el daño. Las historias de mala gestión médica como estas son demasiado frecuentes.
Cuando Moisés se lesionó la mano izquierda en un accidente laboral, la planta le permitió seguir trabajando con una sola mano. Una lesión por movimientos repetitivos eventualmente le lisió el otro brazo y Moisés fue despedido. En los meses siguientes, luchó por obtener acceso a la atención médica básica y los beneficios de compensación para trabajadores. “Mientras podamos trabajar al cien por ciento, todo está bien”, condenó Moisés, hablando en una conferencia de prensa para la publicación del informe de Human Rights Watch sobre explotación laboral en la industria, Blood, Sweat, and Fear (2004). “Pero si pedimos atención médica, se deshacen de nosotros. Deberían tratarnos como seres humanos, no como máquinas”.
Años más tarde, la invocación de la Ley de Producción de Defensa por parte del presidente Trump reinscribe la prescindibilidad en los cuerpos de los trabajadores esenciales en la cadena alimentaria. En su mayoría no son elegibles para beneficios de desempleo y dividendos de estímulo impulsados por la pandemia, se les niega la licencia por enfermedad pagada y no pueden encontrar fácilmente otro trabajo, la mayoría de las personas que trabajan en empleos de carne y aves de corral con salarios bajos se sienten obligadas a presentarse sin importar el costo humano. Aunque la investigación médica ha demostrado que el virus puede ser transmitido por personas asintomáticas, las pautas revisadas de CDC/OSHA les dicen a sus empleadores que mientras no se sientan enfermos pueden continuar trabajando, a pesar de las exposiciones. Mientras tanto, con una escasez de pruebas en todo el país, pocos trabajadores están siendo examinados. Y a partir de octubre, las empresas, que desde hace mucho tiempo detestan reportar casos de Covid-19 en sus plantas, ya no están obligadas a compartir datos de infección con OSHA. Sin transparencia por parte de la industria y pocas otras opciones, hasta que den positivo, los trabajadores seguirán trabajando. Hasta que no puedan.
En la década de 2000, Celso Mendoza organizó un paro laboral para protestar contra la remuneración injusta y las condiciones laborales que finalmente llevaron a la representación sindical en su planta de pollos en Mississippi. Quince años después, en abril de 2020, comenzó a sentirse mal. El 2 de mayo, después de una agonizante semana en el hospital, se convirtió en uno de los primeros trabajadores de carne y aves de corral en morir por COVID-19. Escribí un artículo de opinión compartiendo algunos de mis recuerdos de él, lo que afortunadamente ayudó a recaudar más de $26.000 para repatriar sus restos y apoyar el tratamiento médico de su hijo por insuficiencia renal avanzada.
Su empleador también escribió un tributo y lo colocó en la sala de descanso de la planta de pollos. “Ariel Perales era uno de los empleados ideales que siempre venía a trabajar con la actitud más positiva y la voluntad de trabajar donde fuera necesario. Él era tan cariñoso y nunca dudó en ayudar a cualquiera, sin que se lo pidieran. Vuela alto Ariel y continúa cuidándonos a todos”. Irónicamente, el tributo se refería a Celso usando su “nombre de obra”, Ariel Perales, en lugar de su nombre real. Incluso en la muerte, las exclusiones legales que regularon su vida al criminalizar el trabajo indocumentado continúan subrayando la precariedad estructural que finalmente lo llevó a la muerte.
Los trabajadores de la carne y las aves de corral han sido claros desde los primeros informes de brotes de COVID-19 en sus plantas: necesitan licencia por enfermedad pagada, equipo de protección personal adecuado y pago por peligrosidad. El hecho de no ofrecer estas protecciones básicas ha exacerbado drásticamente la propagación del virus. Necesitamos desesperadamente que los líderes gubernamentales regulen esta industria, no que les den un pase gratis para matar trabajadores a voluntad. Y hasta que se establezcan regulaciones federales efectivas, los procesadores de carne y aves de corral seguirán funcionando.
La nueva administración de Biden tiene una abrumadora cantidad de trabajo urgente por hacer el 20 de enero; garantizar la protección y los derechos de los más vulnerables entre nosotros debe estar entre los temas más importantes de su agenda. Esto incluye enviar un mensaje claro, utilizando las herramientas de regulación, políticas y asignación de recursos, de que su administración apoya a los trabajadores de la cadena alimentaria de nuestra nación, así como a sus familias y comunidades.
Trump y sus partidarios de la industria pueden haber visto estas pérdidas humanas como un pequeño precio a pagar para seguir proporcionándonos al resto de nosotros hamburguesas y nuggets de pollo para obtener ganancias, pero Celso Mendoza, y las decenas de miles de otros trabajadores esenciales como él que han sucumbido al coronavirus, y los que aún tenemos que perder no son prescindibles. Son insustituibles.
Que todos descansen en el poder.
Fuente: AAA/ Traducción: Alina Klingsmen