por CATHERINE E. BOLTEN – Universidad de Notre Dame
Cuando las Naciones Unidas redactaron la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, establecieron una visión de la humanidad máxima, articulando lo que la asamblea consideraba reglas apropiadas para la libertad, la justicia y la paz en el mundo. Los derechos (entre ellos la libertad de pensamiento, reunión y religión) fueron diseñados en parte para abordar la violencia de principios del siglo XX y prevenir el resurgimiento de horrores sancionados por el gobierno, como el Holocausto.
Por muy noble y bien intencionada que haya sido la declaración, es un error pintarla a grandes rasgos. Las causas subyacentes de la violencia en diferentes circunstancias y zonas del mundo son demasiado variadas para abordarlas mediante un conjunto único y universal de recetas. No existe una solución integral que pueda abordar con éxito los contextos y marcos complejos y diversos de la violencia. El derecho internacional se fundó sobre la noción de que la humanidad puede y debe regirse por normas superiores como la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esto es a la vez incorrecto y peligroso. Una aplicación única de derechos puede en realidad dar lugar a violencia y proporcionar una defensa institucional de la dominación.
Tomemos el ejemplo de Sierra Leona, el país de África occidental cuya guerra civil se convirtió en noticia internacional en la década de 1990 como resultado de amputaciones masivas, diamantes de sangre y el reclutamiento generalizado de niños soldados. Después de que terminó la guerra en 2002, la ONU intervino para ayudar a establecer una democracia funcional, en parte garantizando el cumplimiento de los derechos humanos durante las elecciones del país de 2007.
Los observadores elogiaron esa elección como “libre y justa”, a pesar del hecho de que los votantes fueron a menudo acosados y de que en muchos lugares de votación se cancelaron sus votos debido al relleno de las urnas. Los sierraleoneses, comprensiblemente, se sintieron decepcionados. Consideraron que las elecciones fueron desastrosas, precisamente porque la ONU había insistido en el carácter sagrado de los derechos humanos, a pesar de que estos derechos alteraban sutilmente las normas locales que rigen los procesos políticos. Las garantías de libertad de movimiento, expresión y reunión de las Naciones Unidas dieron como resultado que grupos de jóvenes se sintieran libres de “hacer campaña” a favor de los políticos, intimidando y acosando a los votantes en los lugares de votación y amenazando con violencia si la votación no salía como deseaban. Mucha gente tenía demasiado miedo de ser golpeada públicamente como para emitir su voto, y los legisladores locales argumentaron que la protección brindada por las normas internacionales había anulado el derecho más importante del pueblo: elegir a sus líderes. Miles de personas habían sido privadas de sus derechos debido a una protección general y descontextualizada de sus derechos.
En 2012, la ONU había eliminado gradualmente su participación activa y Sierra Leona celebró sus primeras elecciones presidenciales sin la ayuda de la organización desde la guerra civil. Yo estaba allí para observar. En conversaciones informales, los observadores internacionales me dijeron inicialmente que se mostraban escépticos ante las nuevas leyes electorales de Sierra Leona, que suspendían la libertad de movimiento, expresión y reunión antes y durante el día de las elecciones. Calificaron a la democracia de Sierra Leona de “inmadura” y “defectuosa” y esperaban que el país “creciera” lo suficiente como para restablecer los derechos humanos. En los días previos a las elecciones, los miembros de las delegaciones internacionales dieron a entender que Sierra Leona era demasiado infantil –demasiado primitiva– para tener una democracia real.
Una historia diferente surgió sobre el terreno, cuando los partidos políticos y los votantes aceptaron la suspensión de los derechos humanos. Todos los ciudadanos con los que hablé apoyaron la medida, ya que afirmaron que lo más importante que podía lograr una elección era garantizar que pudieran “votar lo que hay en mi corazón”. La paz significó suspender negocios, detener el tráfico y mantener cerradas las oficinas de los partidos políticos el día de las elecciones en una muestra pública unificada de la singular importancia del voto de todos. Al final, los mismos observadores que al principio condenaron las elecciones de 2012 coincidieron en que, a pesar de la suspensión de los derechos humanos, fueron libres y justas.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, junto con otras normas internacionales destinadas a sofocar la violencia, no deben verse como monolitos sagrados. Han sido escritos a través de sus propios lentes culturales, con sus propios prejuicios, y no se debe esperar que sirvan como estándares globales para una conducta pacífica. De hecho, es presuntuoso y culturalmente insensible afirmar que los derechos son, o deberían ser, “universales”. En muchos lugares y situaciones, otras formas culturales localizadas, a menudo más antiguas, han surgido del mismo deseo de gobernar bien, y deben ser tratadas como aspectos importantes y útiles del esfuerzo por lograr la paz.
Fuente: Sapiens/ Traducción: Maggie Tarlo