Un antropólogo en la sala de videovigilancia mexicana

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por ESTEBAN SALMÓN – Universidad de Stanford

En septiembre de 2022, una fiscal en el sector con más delitos de la Ciudad de México estaba sentada bajo las luces fluorescentes de su despacho fichando a un conductor de Uber por posesión de un vehículo robado. Cámaras de videovigilancia del gobierno habían detectado que las placas de un automóvil que conducía coincidían con una denuncia de robo. La cámara lanzó una alerta a uno de los centros de control y comando donde un  controlador policial rastreó el automóvil mediante una serie de cámaras y guío a dos policías para detener al conductor.

A pesar de haber sido grabado por varias cámaras de seguridad, el sospechoso parecía extraordinariamente tranquilo. Facilitó a la fiscal toda su información personal sin vacilar. Ella incluso le prestó su teléfono celular para avisar a su jefe —el dueño del auto— que lo habían arrestado. “Es la segunda vez este mes que lo detienen por el mismo delito”, me dijo la fiscal.

El conductor de Uber pasó dos noches en las celdas de detención de la fiscalía. Fue puesto en libertad después de que su jefe presentara el contrato de trabajo del conductor y la factura del vehículo, que demostraba que no había sido robado. Aun así, el error le había costado al conductor dos días de sueldo, todo por un fallo técnico en los lectores de matrículas de las cámaras de vigilancia. Este error no se aclaró, y el conductor fue puesto en libertad sin ninguna garantía de que no volvería a ser detenido por el mismo error.

A lo largo de dos años de investigación etnográfica entre fiscales en la Ciudad de México, observé muchos casos con errores como este. Mientras pasaba cientos de horas observando procedimientos de fichaje, entrevistando a fiscales y presenciando audiencias judiciales, me di cuenta de hasta qué punto las cámaras de videovigilancia del gobierno están transformando drásticamente el sistema de justicia penal.

En la última década, el gobierno de la capital ha instalado el sistema de videovigilancia más grande de toda América. De acuerdo con docenas de fiscales a los que entrevisté, el índice de detenciones provocadas por las cámaras instaladas en toda la ciudad, los botones  antipánico instalados por el gobierno y los agentes de policía en los centros de mando ha aumentado radicalmente en los últimos años.

Sin embargo, el sistema de videovigilancia diseñado para disuadir e investigar delitos es una espada de doble filo. Los vídeos son una fuente importante de detenciones, pero también revelan fallas tecnológicas, problemas en la recolección de evidencia y abusos policiales. Además, preocupaciones éticas y legales sobre sesgos tecnológicos y vigilancia masiva han motivado a muchas personas—algunas de ellas trabajando en el sistema de justicia—a cuestionar la expansión del sistema.

Videovigilancia estatal

En las dos últimas décadas, los tres gobiernos de izquierda de la ciudad han hecho de la videovigilancia un componente central de sus estrategias policiales. En medio de una guerra contra el narcotráfico que ha intensificado la violencia criminal en todo el país, la administración de Ciudad de México invirtió más de 400 millones de dólares para instalar las primeras 8.000 cámaras en 2009. En 2012, la ciudad contaba con unas 13.000 cámaras, que aumentaron a 21.000 en 2018. Este número ha aumentado exponencialmente en los últimos cinco años hasta superar las 64.000.

El sistema de vigilancia se controla desde un centro de mando y control central y siete centros de despacho regionales donde operadores de carne y hueso supervisan las cámaras distribuidas por 1.627 barrios. El centro recibe más de 5.000 llamadas de emergencia al día y supervisa toda la red de cámaras, además de los 13.000 botones antipánico instalados en los postes de las cámaras.

Cada centro de mando regional cuenta con unos 20 operadores policiales que atienden las llamadas, coordinan la respuesta de las patrullas, inspeccionan las cámaras que apuntan a los sitios con altos índices delictivos y buscan las matrículas de los vehículos denunciados como robados.

En los últimos cuatro años, el gobierno de la Ciudad de México también ha modernizado el sistema de videovigilancia, mejorando la calidad de las grabaciones de vídeo a color y aumentando la capacidad de almacenamiento hasta 40 días. Incluso así, la tecnología de videovigilancia es propensa a numerosos problemas, desde fallos tecnológicos hasta sesgos cognitivos y prácticas de encubrimiento.

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Fallas en el sistema

En noviembre de 2022, la misma fiscal que fichó al conductor de Uber trabajaba en un caso de robo de vehículo con violencia. Una pareja trató de vender su automóvil en internet. Un hombre pretendió estar interesado y cuando se encontraron para hacer el intercambio en la calle, presuntamente les robó a punta de pistola.

El sospechoso huyó en el auto. La mujer apretó uno de los botones  antipánico del gobierno, activando una alarma en un centro de mando. Mientras el sospechoso manejaba a toda velocidad a través de la ciudad, un controlador policial del centro rastreó el vehículo mediante una serie de cámaras y guió hacia él a los agentes que estaban en el lugar; ellos detuvieron al hombre a los pocos minutos.

Algunos minutos más tarde, las víctimas del delito, el sospechoso esposado y los policías que lo detuvieron esperaban afuera del despacho de la fiscal mientras ella esperaba la prueba central: la grabación de vigilancia. “Es objetiva”, me dijo. “No puedo cambiarla después,  entonces es mejor empezar con los vídeos y ajustar las entrevistas”.

Cuando llegó el operador policial, mostró a la fiscal la grabación del crimen en su teléfono móvil. Inmediatamente llamó a su despacho a los agentes que hacían el fichaje y a las víctimas del crimen y les pidió que ajustaran sus declaraciones a lo que veían en el vídeo. Todo el caso penal dependía de esa única prueba.

El poder que los vídeos de vigilancia han alcanzado rápidamente en los procesos penales se fundamenta en su aparente objetividad. A lo largo de mi trabajo de campo, los fiscales se referían a los vídeos como “la prueba reina”, evidencia “última”, “objetiva”, “plenaria”—completa y absoluta—. Sin embargo, los errores de las cámaras y las distintas interpretaciones jurídicas revelan lo lejos que están los vídeos de reflejar objetivamente la realidad.

Fui testigo de numerosos fallos tecnológicos que influyeron en el resultado de causas penales: las cámaras con grabaciones defectuosas se saltaban el momento en que presumiblemente se había cometido un delito. El follaje obstruía la visibilidad. El registro de tiempo en el vídeo estaba atrasado o adelantado. Los lectores de matrículas  cometían errores, como en el caso del conductor de Uber detenido dos veces.

Cuando ocurrían estas fallas, el personal ministerial podía decidir entre excluir el vídeo como evidencia y alterar sus casos, o presentarlo y arriesgarse a ser interrogados por el abogado defensor o el juez. Por lo general, optaron por alterar sus casos, sometiendo sus interpretaciones a la “objetividad” de la grabación de vídeo.

La tecnología de videovigilancia también ha sido criticada por su sesgo contra la delincuencia callejera de bajo nivel. Las cámaras de videovigilancia solamente registran delitos en espacios públicos como robos y asaltos. Algunos expertos han argumentado que la inversión en vigilancia pública se dirige a determinados grupos sociales y quita financiamiento a los esfuerzos para luchar contra los delitos en espacios privados, como la violencia doméstica, la delincuencia organizada y de cuello blanco.

Además, las cámaras de videovigilancia solo proporcionan información parcial, lo que a veces lleva a la detención de personas inocentes. Fui testigo de un caso en el que un hombre fue detenido por conducir su motocicleta después de que los controladores de la policía vieran un vídeo en el que se le veía luchando por arrancar el motor y supusieran que la había robado. En otro incidente, la policía vio imágenes de un hombre sin hogar arrastrando un desagüe de hierro por la calle y lo fichó por robo, sin saber que había encontrado el desagüe bajo un montón de basura.

Estos casos revelan la ironía de la videovigilancia: muchos fiscales consideran que las imágenes de vídeo son un retrato objetivo de los hechos y la piedra angular de su caso. Sin embargo, gran parte del trabajo de los fiscales consistía en contextualizar e interpretar las imágenes de vídeo. En la práctica, los fiscales suelen tratar las pruebas de vídeo como parte de un andamiaje más amplio que construye un caso penal, junto con las entrevistas, los informes periciales  y las pruebas materiales reconstruidas por inferencia causal. Esto indica que las imágenes de vídeo son bastante subjetivas, lo reconozcan o no los fiscales.

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Por ejemplo, las grabaciones de vídeo no tienen sonido. Así, cuando un fiscal quiere demostrar que un sospechoso amenazó a una víctima, necesita declaraciones de la víctima y de los testigos. Además, las cámaras no pueden grabar rostros con una definición precisa. Por eso, para convencer a los jueces sobre la identidad de los sospechosos en las vistas judiciales, se suele presentar a los sospechosos con la ropa que llevaban cuando presuntamente cometieron el delito. En un caso, vi a agentes de policía obligar a los sospechosos a llevar las mismas chaquetas de mezclilla que llevaban cuando fueron detenidos.

Además, la recopilación de imágenes de vigilancia es un procedimiento administrativo complejo. La defensa debe pedir al fiscal que dé instrucciones a los detectives para que soliciten las grabaciones a un centro de mando y las recojan cuando estén listas. Esto puede tomar varias semanas, por lo que a veces los vídeos llegan al tribunal después de que los sospechosos fueron acusados o puestos en libertad.

La larga cadena de custodia y la complejidad del proceso administrativo hacen que muchas personas puedan sabotear la recolección de los videos. Observé como fiscales retrasaban la recolección de imágenes que podían afectar sus casos negativamente, y un comandante de la policía judicial admitió que esta estrategia de retrasar las pruebas era una práctica habitual. En ocasiones, los fiscales no presentaban las pruebas de vídeo hasta que los sospechosos se encontraban en prisión preventiva, cuando era más difícil para la defensa conseguir el sobreseimiento de los casos.

Abuso policial en video

En un caso que seguí durante mi trabajo de campo, un grupo de policías declaró que habían visto a dos hombres intercambiando “bolsitas de hierba verde seca con el aspecto de marihuana y bolsitas con sustancia cristalina sólida con el aspecto de cocaína”. Arrestaron a los dos hombres de inmediato. Al registrar a los sospechosos, supuestamente encontraron dinero, marihuana y cocaína, que incautaron y presentaron como pruebas. Detuvieron a los sospechosos por tráfico de drogas.

Uno de los abogados defensores de los sospechosos recolectó los vídeos de vigilancia del arresto y los presentó en la audiencia inicial. El vídeo revelaba que los policías fabricaron el delito y colocaron la evidencia en los acusados.

En el vídeo, el supuesto vendedor está trapeando el piso en un callejón estrecho. El otro sospechoso está parado fuera de su casa. No interactúan ni intercambian drogas. De pronto, más de ocho policías vestidos de civil irrumpen en el callejón. Detienen a los dos hombres y los obligan a subir a sus patrullas.

Después de que el juez vio el vídeo, ordenó la inmediata liberación de los sospechosos, junto con una investigación penal contra los agentes de policía por fabricación de pruebas.  Irónicamente, en casos como este, las imágenes de vídeo pueden convertirse en pruebas en nuevas causas contra agentes de policía.

Durante mi investigación, seguí numerosos  casos donde los vídeos de vigilancia revelaban arrestos ilegales, lo que provocó la inmediata puesta en libertad y absolución de los sospechosos. Se ha filmado a agentes de policía manipulando pruebas videográficas, destruyendo cámaras, volteando las cámaras lejos de un incidente e incluso robando discos de almacenamiento de los vídeos.

Disputas sobre la vigilancia estatal

Por las razones anteriores, la expansión del sistema de videovigilancia de Ciudad de México se ha enfrentado a opositores.

Algunos detractores provienen de un lugar inesperado: el gobierno de la ciudad. Jueces, fiscales y policías han expresado su preocupación por la vigilancia permanente de espacios públicos, incluso cuando los políticos electos la han justificado para controlar la delincuencia.

En docenas de audiencias, he visto a jueces desestimar casos basados en grabaciones de vigilancia debido a tecnicismos legales. Un argumento típico era que el vídeo no podía servir como prueba porque, según la legislación mexicana, una detención solo puede justificarse legalmente cuando se persigue al sospechoso “material e ininterrumpidamente”. Los vídeos constituyen una persecución “virtual” y no “material” y rastrear a personas mediante distintas cámaras—algunas con puntos ciegos—no constituye una persecución ininterrumpida. Con base en estos argumentos, los jueces declaraban a menudo que las detenciones no fueron legales y desestimaban los casos.

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Cuando hablé con José Luis Hernández, director de gestión e interpretación estratégica del principal centro de mando de Ciudad de México, me dijo que habían tratado de superar el problema de los puntos ciegos agregando cámaras de seguridad a cada poste. La nueva generación de postes tiene hasta siete cámaras lo que permite una visión permanente de 360 grados, que se extiende hasta 500 metros.

Varios fiscales con décadas de experiencia se quejaban que la dependencia de la policía en la videovigilancia limitaba el uso de técnicas de investigación y detección tradicionales, como las entrevistas de campo y el desarrollo de redes de informantes que permiten perseguir delitos complejos. En lugar de ello, según los fiscales, la videovigilancia se limita a los casos en los que la policía puede descubrir a los sospechosos con las manos en la masa y detenerlos inmediatamente. Esta dependencia excesiva de la videovigilancia podría estar desviando la atención de la persecución de delitos más complejos, de mayor alcance y perjudiciales para la sociedad. Como dijo un exfiscal de distrito: “Silo único que tienes es un martillo, todo te parece un clavo”.

Hernández está de acuerdo en que el departamento de policía prefiere las detenciones realizadas inmediatamente después del delito. “Son más fáciles, más baratas y toman menos tiempo”, dijo. “Incrementan la productividad de los policías que pueden regresar más rápido a la calle”.

Los estudios sobre si las cámaras de videovigilancia disuaden el delito presentan resultados mixtos. Sin embargo, la gran mayoría de un electorado preocupado por el delito apoya la expansión del sistema de vigilancia estatal. El 83% de la población de Ciudad de México considera que la delincuencia es su principal preocupación, según una encuesta sobre victimización delictiva realizada en 2022 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

En muchas reuniones vecinales de seguridad a las que asistí, la gente exigía más cámaras de vigilancia. En una reunión, una mujer dijo a los cargos electos: “Necesitamos cámaras, más vigilancia policial, algo que resuelva de una vez el problema de la seguridad”.

Esta demanda se refleja en el presupuesto de la ciudad, que permite a los residentes escoger cómo se asignan determinados fondos públicos. Cada año, desde hace varios años, la segunda categoría más votada ha sido el de estrategias de prevención de inseguridad que incluye los proyectos de cámaras de vigilancia.

De acuerdo con muchos de los fiscales que entrevisté, el aumento en las detenciones provocado por las cámaras de seguridad permite a los políticos electos presentar estadísticas concretas al electorado, demostrando que están haciendo algo para luchar contra la delincuencia, aunque muchas de estas detenciones finalmente no sean procesadas.

La tecnología de vigilancia también avanza una estrategia de control de la delincuencia cada vez más común en América Latina: empoderar a la policía para que realice detenciones inmediatas sin importar las consecuencias que esto pueda tener para los fiscales y jueces encargados de mantener el sistema y a la policía bajo control.

Para finales de 2024, el gobierno de Ciudad de México ha prometido contar con al menos 80.000 cámaras. Y en febrero de 2023, la jefa de gobierno inauguró un nuevo centro de mando en el centro histórico de la ciudad.

La popularidad de la vigilancia en Ciudad de México se ha expandido a otras ciudades del país como Puebla, Guadalajara y Monterrey, que han instalado sus propios sistemas de videovigilancia. Además, uno de los principales candidatos a las elecciones presidenciales de 2024 ha hecho de la ampliación de la videovigilancia una estrategia central de su agenda de seguridad. Ha prometido instalar, en todo el país, cámaras que permitan el reconocimiento facial, la detección de armas, la lectura de placas e incluso “el reconocimiento morfológico de delincuentes por la forma de caminar”.

A pesar de críticas y deficiencias, la expansión de la videovigilancia estatal en México parece imparable.

Fuente: Sapiens

Antropologías
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Observatorio de ciencias antropológicas.

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